EDICIÓN N° 385, 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2018

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Editorial
 

Una psicosis que
agobia al país

Hay un clima de violencia, una especie de ira mal contenida que está afectando a la sociedad peruana que ya de por si tiene motivos más que suficientes para preocuparse de veras ante sus manifestaciones y sobre la cual todos deberíamos detenernos a analizarla y encontrar la forma de amenguarla y corregirla.
El sentir de la gente a través de sus manifestaciones pareciera dar a entender que el Estado ha abandonado al ciudadano y que las leyes vigentes no tienen la fuerza suficiente como para protegerlo de las acechanzas de los elementos irracionales y pervertidos que con alarmante frecuencia lo hieren y perjudican.
Un grito muy poderoso de la sociedad en su mayoría deja escuchar su exigencia por la pena de muerte que pareciera ser una válvula por donde pudiera escaparse esa tensión que lo agobia. Se da, con ello, a entender que la única forma de tranquilizar al ciudadano medio es con la venganza a través de la muerte del agresor. Para muchos esa es la única manera de castigar el grave delito y como actitud ejemplarizadora que prevenga de otras acciones similares: la Ley del Talión debería retornar a las leyes, estatutos o constituciones de la República, o las Partidas de don Alfonso el Sabio, “ome que faga omecillo por ende muera” era un viejo aforismo o ley penal de épocas remotas, (Siglo XIII) de la cultura latina que se cumplía sin apelaciones.
Y, entonces, ¿podemos preguntarnos si ese sentimiento favorable a la violenta venganza está plenamente justificado? Creemos que la respuesta debe ser cautelosa y prudente, porque, obviamente, tenemos que enfrentarnos a realidades cotidianas que la fortalecen y la tornan exigente. Y una de esas realidades es, precisamente, la impunidad ante la comisión del delito y su ulterior castigo. Muchas leyes de la republica son buenas, pero, para importantes grupos sociales, son blandas e ingenuas porque al castigar dejan abiertas las puertas para que la sanción se debilite y sea burlada por el infractor. Se opina que hay niveles del delito que no pueden beneficiarse de esas bondades inmerecidas. Por ejemplo, las violaciones a menores con seguimiento de la muerte, entre otras. Se impone una revisión total del “espíritu de las leyes” vigentes porque la historia en el transcurso de la Humanidad se va repitiendo por ciclos. Ya, Montesquieu, a mediados del siglo 18 al publicar sus “Consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y de su decadencia” centraba su atención, precisamente, en el espíritu que imperaba en el aparato legal del Imperio y, criticándolo, planteaba su revisión.
Nos lleva ello entonces a preguntarnos si en estos tiempos del maravilloso desarrollo tecnológico y científico, contradictoriamente, estamos retrocediendo a situaciones sociales y conductas que pueden ser vistas como “retrocesos” y que atentan contra la expectativa, muy justa por cierto, de que el hombre espera mejorar su calidad de vida, turbada hoy por los delitos repetitivos que lo ofenden como son, no únicamente los de carácter criminal, sino también los del robo, el latrocinio, el enriquecimiento ilícito, entre otros.
No se debe perder la calma, creemos, entre quienes, de alguna manera pueden influenciar la vida de una Nación. Seamos conscientes de que la alarma está justificada y de que el anhelo de justicia es un derecho inalienable y de que los criminales, asesinos o rateros sociales tienen que ser castigados punitivamente y no se pueden burlar del pueblo con floreos o tinterillas interpretaciones de la ley, porque estas deben ser claras y terminantes y no permitir esos escapes legales de los cínicos.
Es urgente esa revisión porque con alarma comprobamos que hay ya, una psicosis social que solo puede ser fruto de la impaciencia y la cólera contra la impunidad manifiesta y descarada. Las familias que resultan heridas en sus seres más queridos miran con los ojos abiertos de la incredulidad como se escapan del castigo los culpables y cómo los intereses políticos que, generalmente, son intereses particulares de grupo disfrazados se imponen en perjuicio de la justicia y de la razón beneficiando con castigos que al final resultan benignos para con los peores culpables, que no dudaron en cruzar la valla y asesinar y lucrar incluso a seres inocentes que les resultaron un obstáculo para sus fines.
Una psicosis de desconfianza y rabia estremece los conductos más íntimos de la sociedad. Por las redes sociales que, poco a poco, se van convirtiendo en un conglomerado gigante de medios comunicacionales de carácter personal, desperdigado y confuso, van imponiéndose, nuevas y viejas ideas en la medida en que cada individuo se siente, a muy pocos centímetros de distancia de otras personas que viven en otros confines del mundo al punto que ya casi se tocan pero que se comunican y se transmiten sus angustias, pero también sus ocultas intenciones. Y, entonces: ¿qué es lo que estamos esperando? ¿A quién o a quienes? ¿Está la sociedad peruana a la altura de sus necesidades y de sus esperadas soluciones?, ¿Renacerán los valores y la honestidad casi desaparecidas en estos tiempos? Son preguntas, que para nosotros, por el momento, no tienen respuesta, por más pesimistas como se nos quiera calificar.

 

 

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AFIRMA QUE COBROS INDEBIDOS VULNERAN LEY DE TELECOMUNICACIONES

Defensor del pueblo exige que se apruebe norma que prohíbe
alquiler y venta de decodificadores

Oligopolio en servicio de cable estaría afectando la economía de más de un millón de familias.
El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, demandó la inmediata aprobación del proyecto de norma sobre el Sistema de Tarifas de Servicio de Televisión de Paga elaborado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), por cuanto su entrada en vigencia permitirá sancionar a aquellas empresas que exijan a los usuarios la adquisición o alquiler de equipos decodificadores como condición para acceder a este servicio público.
Ya en julio del año pasado, ante las quejas de la ciudadanía por el cobro de decodificadores, la Defensoría del Pueblo envió un informe al Osiptel manifestando, entre otras observaciones, que esta práctica refleja una venta condicionada y prohibida por la normatividad vigente debido a que restringe la libertad de elección del usuario. Estas recomendaciones han sido acogidas por el organismo, convirtiéndose en un valioso insumo para el proyecto en mención.
Gutiérrez Camacho indicó que en las condiciones actuales, donde un oligopolio compuesto por las empresas del Grupo Telefónica, DirecTV y Claro concentran el 95.2% del mercado, estos cobros constituyen un condicionamiento indebido, ya que los decodificadores de la señal de cable son intrínsecos al servicio y no constituyen una prestación adicional. “Están vulnerando la ley de Telecomunicaciones y las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones”, afirmó.
“Según datos del Osiptel existen más de un millón de decodificadores que se han vendido o alquilado como condición para acceder al servicio. El pago mensual por alquiler de decodificadores para acceder al servicio, en un plan que puede durar hasta dos años, afecta claramente la economía de las familias, además de ser un cargo que restringe a nuevos usuarios acceder a este servicio público”, manifestó el Defensor del Pueblo.
Asimismo, agregó que una vez aprobada la norma el organismo regulador debe sancionar a las empresas que continúen condicionando el acceso al alquiler o venta de estos aparatos, para lo cual deberá implementar las herramientas necesarias. Informó además que el Perú es el país donde más se venden decodificadores a nivel regional, a diferencia de Colombia, Brasil y otros donde las prácticas comerciales y la normatividad vigente permiten la entrega de estos decodificadores gratuitamente (comodato). Finalmente, el Defensor del Pueblo invocó al Osiptel a mantenerse vigilante de los cambios en el mercado que pueden afectar los derechos del consumidor, a fin que oportunamente emita normas que regulen la prestación del servicio desde un enfoque de derechos y en beneficio de la ciudadanía.

Lima, 12 de febrero de 2018

 

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Fotosucesos

La Voz de la Calle, denunciando los abusos contra el ciudadano de pie, que trabaja dignamente para llevar el pan a su casa, pero a cambio recibe la indiferencia de las malas autoridades. En la foto, trabajadores del Segat, a los que el alcalde Elidio, no les paga desde el pasado año, hacen olla común con solo agua.

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